FINANCIAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS:
EL CODICIADO "COBRE DE LA PAZ"

por Cristian Salazar Naudón
Secretario General de la Corporación de Defensa de la Soberanía

Desde hace un tiempo a la fecha, una buena parte de los personeros de la Concertación están dando señales explícitas de querer echarle mano (también) al porcentaje de ventas de CODELCO que la ley garantiza para los gastos militares y la necesaria Defensa, bajo la excusa de oraciones pacifistas y pretensiones de usos más racionales de los recursos generados por el sueldo de Chile.

Tras la regulación de la producción cuprífera que permitió controlar los peligros de sobreproducción del metal y restaurar sus buenos valores, sin embargo, han despertado olas de ambiciones monstruosas sobre este 10%, entre políticos dominados por el frenesí incontenible de clavarle las uñas a estos dineros. Ellas explican la parte que no se cuenta sobre estos intentos por modificar el financiamiento de las Fuerzas Armadas.

Efectivamente, y al contrario a lo que algunos medios de comunicación "progresistas" han afirmado burdamente ante la opinión pública, la Ley Reservada del Cobre que establece el porcentaje de tributo sobre las ventas del mineral no fue obra "de la Dictadura", sino del gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo, en 1958. Hoy vilipendiada y estigmatizada, la Ley 13.196 fue, sin embargo, uno de los pasos que inspiraron la posterior chilenización del cobre, a la sazón en manos extranjeras. Medida fundamental esta última, a su vez, para la nacionalización del metal concretada durante el Gobierno de la Unidad Popular; la misma que sus apologistas se apresuran a enaltecer entre los escasos logros de dicha administración a pesar de que, en su origen, fue mérito de otros grupos políticos ligados más bien a la oposición de esos años. Los únicos cambios significativos introducidos a la Ley Reservada del Cobre por parte del Gobierno Militar corresponden al establecimiento de un piso general de 90 millones de dólares en 1973, y otra modificación que tendrá lugar con un Decreto Ley que cambió el piso a 180 millones, en 1986.

Nótese que el dinero orientado a los gastos de defensa jamás ha sido tomado de fondos originalmente dirigidos a fines de gasto social o administrativo: no fue arrebatado de la boca de un niño hambriento ni del escuálido botiquín de un policlínico. Desde un principio, el porcentaje fue creado y generado para destinos militares, de modo que las actuales propuestas de derogación, como la del Diputado DC Eduardo Saffirio, parten de una inconsistencia argumental notoria, al pretender justificar este desmantelamiento pensando en las conveniencias de destinar dichos fondos a otras áreas más urgentes que se verían supuestamente privadas de fondos que se malgastarían en armas y pertrechos de guerra. Su colega Jorge Burgos llegó más lejos, al declarar que el sistema de financiamiento era "absurdo", en marzo de 2005, proponiendo derogarlo porque podía darse el caso de que los dineros recibidos superaran las necesidades reales de gasto militar y generaran por sí solos un desequilibro regional. Qué ironía, sin embargo, que haya sido precisamente él quien debió lidiar con la ambición desatada de sus colegas, cuando propuso a fines del 2002 que reajustaran las excesivamente altas dietas de Diputados y Senadores (de entre seis y doce millones de pesos) por montos más racionales y acordes a la realidad fiscal, intento que fue saboteado por sus propios compañeros de Cámara cuando se negaron a asistir a la sesión, haciéndola fracasar. No es necesario recordar que los políticos nunca ven el chuzo en el ojo propio.

En contraparte al porcentaje del cobre para Defensa, cuán distinto ha sido el empleo que se le ha dado a otras reservas de la utilidad cuprífera, tales como el Fondo de Compensación del Cobre que, tras ser creado en 1987, prácticamente fue vaciado por los gobiernos de la Concertación en poco más de una década, a razón de las políticas de sobreproducción y debiendo ser reabastecido con las apuestas de las emisiones de Bonos Soberanos durante septiembre de 2001. Esto se ha revertido sólo en el último año, pues la recepción de dineros desde otras áreas para trasladarlos únicamente a la depresión de estos fondos ha sido compensada ampliamente con la recuperación de los buenos precios del cobre que, desde los 1,33 dólares por libra que promediaba en 1995, había caído a 0,71 dólares aquel año de 2001, retornando a valores auspiciosos entre fines del 2004 y durante el presente 2005 gracias a los programas de regulación y coordinación extractiva impulsados por CODELCO -precisamente para evitar los vicios de la sobreproducción-, lo que ha devuelto el equilibrio entre oferta y demanda.

A pesar de todo, sin embargo, el repunte del cobre ha generado esta avalancha de peligrosas tentaciones por aferrarse de este 10% que, hasta los recientes impasses con Perú por su intento de alterar la frontera marítima, era para muchos un retazo de tiempos superados ante el devenir de siempre promisorios nuevos tiempos, pues los chilenos parecen vivir diariamente en la víspera del Año Nuevo. Haciendo gala de sus talentos previsores para haber ocupado la cartera de Relaciones Exteriores, por ejemplo, una de las últimas convulsiones de muerte dadas por la precandidatura presidencial de la ex Canciller Soledad Alvear, fue la idea de liquidar el financiamiento de las Fuerzas Armadas en base a las utilidades del cobre. Ni siquiera su correligionario DC Jaime Ravinet, en el Ministerio de Defensa, creyó viable esta medida; tan socialista, por lo demás, que hasta el socialismo liberal de nuestros días la rechazó, pues -también con algo más de luz desde su paso por Defensa- la actual candidata presidencial Michelle Bachelet se encargó de refutar y cuestionar la propuesta de su colega de pacto a las pocas horas.

Es más: hasta unos días antes del derrumbe de las "buenas relaciones" con el vecino peruano, la propia CODELCO cuestionaba sus obligaciones con la Ley 13.196, cuando su presidente ejecutivo, Juan Villarzú, declaró a un medio de prensa hacia el 10 de octubre, que "el financiamiento de la ley reservada del cobre donde está estipulado el 10% de las Fuerzas Armadas, es un mecanismo que efectivamente nos crea problemas de imagen, e incluso de operación". Parece insólito, sin embargo, que estos problemas de imagen que endosa el alto ejecutivo al financiamiento de las Fuerzas Armadas, no se deban más bien al conocido historial de escándalos de corrupción y despilfarro que ha arrastrado CODELCO durante estos últimos años, como las contrataciones irregulares en El Teniente, el siniestro Davilazo de las operaciones a futuro o, más recientemente, las polémicas licitaciones amistosas para consultoras milagrosamente privilegiadas con asignaciones directas no registradas en balances, que tocaron el prestigio del propio señor Villarzú y de algunos parientes y amigos muy cercanos del Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, beneficiados con estas operaciones.

Ninguna metida de pata supera, sin embargo, a quien probablemente ostente el título de peor Ministro de Hacienda en las últimas décadas: don Nicolás Eyzaguirre, el mismo que jamás ha acertado un pronóstico y que luce un porcentaje de previsiones casi al 0%, algo tan dificultoso y plausible como apuntarle limpio al 100%. En efecto, la reciente cancelación de la venta de tanques Leopard II a Chile por el Departamento Federal de la Defensa de Suiza, se debe a la postergación de adquisiciones que debían producirse a mediados del presente año, debidas al deseo compulsivo y desesperado del ministro por disponer de los dineros del cobre necesarios en Defensa y reorientarlos al pago anticipado de deudas, medida política que, evidentemente, estaba orientada a heredarle a la candidata Michelle Bachelet un piso de estabilidad económica para un gobierno suyo que, por entonces, parecía seguro con un 60% de votantes garantizados por las encuestas, inconscientes por cierto de que la candidata caería un tercio de votos en cinco meses más. Esto, a su vez, ya había generado un debate sobre la cuestión de la Ley Reservada del Cobre: modificarla, derogarla o lisa y llanamente saltársela, como en este caso. Sin embargo, en medio de esta irresponsable retraso en las adquisiciones, el Perú creó un foco de tensión fronteriza que, internacionalmente, es interpretado como un escenario de virtual conflicto militar, razón suficiente para que Suiza prefiriera abstenerse de abastecer con armas a alguna de las partes, con la excusa de que la oferta ya "no es rentable", aun siendo la misma aprobada en junio. Es notable, además, que los suizos tengan una conciencia más clara que la de nuestras autoridades sobre los alcances que puede llegar a tener esta aventura expansionista peruana.

Seamos claros: Estamos en un país donde los contribuyentes debemos pagar los entre cinco y diez mil pesos diarios que cuesta cada uno de los reos que llenan nuestras cárceles, para que tengan sus respectivas sábanas limpias y comida caliente. Más que a aquello que logran acceder muchas familias en la extrema pobreza. De hecho, está demostrado que los programas sociales implementados desde el Gobierno incurren en gastos equivalentes a 300 mil pesos por familia en situación menesterosa de nuestro país, sólo por concepto de burocracia y financiamientos estructurales, de modo que saldría más a cuenta entregarles directamente estos fondos que hacerlos pasar antes por el rechinante aparataje del Estado liberal, ineficiente y parasitario.

La mirada posada con atención sobre el 10% del cobre aparece, más bien, como una solución a los apetitos de quienes venían sobándose las manos desde hace años sobre las utilidades cupríferas, además de no haber tenido las agallas de enfrentar con exigencias y responsabilidades racionales a las millonarias transnacionales que se llevan nuestro cobre como las langostas atacando un cañaveral. En tales circunstancias, el cuento de que los imprescindibles dineros del cobre utilizados en Defensa deben ser reorientados hacia planes de superación de la pobreza, educación, salud y otros conceptos generales profundamente sensibles donde se destinarían "mejor", resulta tan ambiguo y anodino como los reproches de una madre tratando de convencer a su hijo de probar el guiso de cochayuyo, mientras le recuerda los miles y miles de niños desnutridos de África que no tienen este privilegio culinario, como si los almuerzos de unos condenaran al hambre a otros.

Así las cosas con nuestros ilustres políticos (y considerando también los ítems de corrupción y nepotismo que ofrece la hoja de antecedentes de CODELCO), esperamos que la casta gobernante chilena nunca logre meter sus tenazas en el único porcentaje de ganancias de nuestro cobre de cuyo destino final los chilenos conocemos con algún grado de seguridad y garantías. Es decir, la Defensa Nacional.