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La Herencia Moral de los Políticos

Por Eduardo Valenzuela González


Hoy nadie cuestiona que, en la escala de desprestigio social, detrás de los delincuentes vienen los políticos. En todas las encuestas y sondeos de opinión pública son quienes reciben menos aprobación o abierto rechazo. La institución de los partidos políticos está en un irreversible proceso de degeneración y con ello, todo lo asociado a su quehacer: las elecciones y el poder legislativo. Tras veinte años de gobiernos democráticos es la misma democracia, la que ha ido perdiendo atractivo para miles de compatriotas que no ven en ella otra cosa que un trampolín para acceder a una privilegiada casta de beneficiarios -buenos trabajos, acceso a becas, red de influencias, etc.-  que muy poco hace por el país. Lo anterior, ha dañado profundamente la imagen de las instituciones republicanas, las que siendo indispensables para el desarrollo social y político del país, son inexorablemente vinculadas al partidismo político y sus tentáculos. 

¿Qué es lo que más se cuestiona de los partidos, sus militantes y “honorables” congresistas, quienes supuestamente representan lo mejor de sus filas? Fundamentalmente ese extraño concepto de moral que lo justifica todo, ajena a los valores y principios que dicen defender. Para comprender los intrincados caminos de la moral en política, debemos abordar dos de los marcos teóricos que ayudarán a entender por qué los políticos hacen lo que hacen en su afán de hacernos creer que son indispensables.

En teoría política, la que ha imperado en los últimos 200 años y que se ratificó después de la II Guerra Mundial, se establece que los partidos políticos son los principales depositarios de la soberanía popular, son los representantes del soberano, del pueblo. Con ello, derechas e izquierdas han dividido el escenario político de Occidente y gran parte del planeta, como expresiones aparentemente antagónicas, pero que al final de cuentas, buscan el poder del estado y del congreso para llevar a cabo sus plataformas políticas. Siempre segregando a los ciudadanos y dividiendo han gobernado desterrando de los pueblos el genuino espíritu de comunidad y de reciprocidad de intereses. En Chile vivimos dolorosos años de división y fractura social; pasamos de una inminente amenaza marxista a otra tan mala como aquella y que dejó al país más dividido aún. Los responsables son los mismos que hoy se pasean por lo pasillos de la monea, ministerios y parlamento. Eso tampoco nadie lo duda.  

Existen dos enfoques o paradigmas para abordar la acción política con su correspondiente vertiente moral y valórica: los Ius Naturalistas y los Contractualistas. Los primeros pertenecen al legado político-valórico heredado de la cuna de la civilización Occidental, la antigua Grecia. Su más prominente exponente es uno de los más relevantes filósofos de la historia: Aristóteles. Para los Ius Naturalistas la acción de la Polis (ciudad) no es otra que el bien común y no sólo se quedan con este axioma sino que además postulan que no tiene sentido el ejercicio del poder sino se busca el Telios (valor en el sentido ético). Lo anterior se manifestaba a través de la virtud. En consecuencia, el poder se ejerce desde la virtud y los valores, con un sentido trascendente. Esta escuela ha sido relegada a las aulas, pues los docentes no le atribuyen sentido en un mundo tan intricadamente voraz y beligerante.

Los Contractualistas, por el contrario, argumentan que el hombre por sí mismo no es capaz de asegurar la justicia, por lo que necesita crear instituciones y leyes que lo permitan. Su visión de mundo supone que los seres humanos son intrínsicamente injustos, carentes de valores y que es necesario imponer, por la vía legal, una conducta social que permita la convivencia. Esta escuela tiene su consolidación a partir de la Revolución Francesa y el aporte de connotados intelectuales de los siglos XVI y XVIII como el francés Jean-Jacques Rousseau, cuya obra magna es el Contrato Social, es considerada un texto primordial para los contractualistas; John Locke, eminente abogado inglés o su compatriota Thomas Hobbes, quien en su libro El Leviatán, sostuvo que “el hombre es el lobo del hombre”. Todos se sustentaban en un racionalismo emergente, relativizando la moral, la ética y las verdades eternas. Son considerados como precursores del liberalismo y del estado capitalista, del sistema político basado en los partidos políticos y del estado republicano. Aquí está la herencia moral de los políticos y las consecuencias, que no sólo se constatan en Chile, sino en la mayoría de los países en donde las acusaciones de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias son el pan de cada día. Esta situación se hace particularmente aguda en los países latinoamericanos, y en esto, no se salva nadie, ni Fidel, ni Lula, ni nuestra presidenta. Todos tiene tejado de vidrio.  Lo llamativo de esto, es que fervorosos católicos, agnósticos y ateos, no tienen objeción de conciencia para asumir la vida social y política de acuerdo a estos postulados que tienen una evidente visión negativa del hombre, que no le atribuye relevancia al papel rector de los valores y que acota la relación entre los hombres a una formulación positiva (normas jurídicas).  

Bajo este prisma se entienden las actitudes, acciones y discursos oscilantes de nuestra casta política, llena de contradicciones y ambigüedades. Sin embargo, y para ser justos, se debe soslayar que el Contractualismo para prever los abusos de quienes ejercer el poder político, establecen que deben ser precisamente las leyes quienes actúen en contra de eventuales excesos. Pero son los mismos legisladores quienes deben hacer lo que comporta una acción valórica, de principios. La cruda realidad, por lo menos en el caso de nuestro país, nos demuestra que no hay interés en establecer límites para evitar actos de corrupción. Todos los chilenos hemos sido testigos, hace varios años ya, de acciones vergonzosas y que han gozado de la más grotesca impunidad. No sólo los gobiernos de la Concertación, por casos como el MOP Gate, Ferrocarriles el Estado, el fraude en pago a subsidios de responsabilidad directa del Ministerio de Educación; o ahora con el registro Civil que fue descabezado por el gobierno ante graves acusaciones de haber favorecido a una empresa en una licitación.  Muchos circunspectos miembros de la Alianza por Chile, le deben una explicación –jamás las darán -al país por  haber saqueado a la empresas del Estado en el tiempo de Pinochet, pues aprovechando información privilegiada compraron a precio de huevo muchas empresas públicas, con préstamos del Banco del Estado y luego las vendieron a trasnacionales que hoy dominan la actividad productiva y bursátil del país. El silencio cobarde de la derecha en este ámbito algún día les pasará la cuenta. 

Quienes sostenemos que la política, la economía, la vida social y privada debe estar precedida de principios y valores, podemos aceptar que los postulados contractualistas tienen validez e importancia, pero que deben ser complementados con la indispensable visión trascendente que le otorga sentido a la existencia social. Las religiones e instituciones filosóficas no ha sido capaces de influir en esto y no siempre queda claro que, de verdad, quieren revertir este cuadro de decadencia en la política. La mayoría de quienes detentan el poder pertenecen a alguna religión, fundamentalmente la Católica, o son parte de agrupaciones como la Masonería. Sus actos poco tienen que ver con los postulados que dicen defender y, al parecer, poco pueden hacer las instituciones con sus miembros. Resulta extraño, muy extraño que en algunas cosas dichas instituciones ejercen un control casi total y en esto no. Es que la frase bíblica “de todo hay en la viña del Señor” permite que se acepte casi todo en materia de corrupción y probidad. Total como dicen ellos, Dios o el Gran Arquitecto perdona al arrepentido, más aún si ese miembro “contribuye a la causa” con algunos recursos.

 

Publicado el 01-04-2008

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