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Los operadores políticos: El mal necesario de todos los partidos

Por Eduardo Valenzuela González


“Por fin se van los apitutados” gritaba eufórica una humilde pobladora que, junto a otros miles de chilenos, dieron rienda suelta a su alegría en el corazón de Santiago. Había ganado Sebastián Piñera, quien prometió terminar con esto. No es casual que se haya instalado el tema por parte de la derecha, ya que según todos los sondeos de opinión pública, el ciudadano que vive de su trabajo siente profundo rechazo por quienes usan la política como medio de subsistencia.

Hoy, se denomina eufemísticamente como “Operadores Políticos” a los militantes de partidos, que ostentan ciertos cargos de poder en sus organizaciones, y acceden a cargos en la administración del estado, más que por sus habilidades y competencias profesionales, por el lugar que ocupan en las burocracias de sus partidos.

Esta perniciosa práctica, algunos dicen que inevitable, no es nueva, ya que en la década del 30’ la revista de actualidad política Topaze hacía gala, en esos años, de los acomodos de los partidos Conservadores, Liberales y Radicales.

Curiosamente la Alianza por Chile, parece tener amnesia temporal, ya que durante los 17 años en que ocuparon cargos durante el gobierno militar, muchos de sus militantes profitaron, groseramente, de la posición de privilegio que tenían y pasaron de ser funcionarios públicos a exitosos empresarios. Algunos de ellos son personajes públicos reconocidos como prósperos hombre de negocios, aunque en realidad actuaron como piratas y debieran estar sujetos a procesos judiciales. Existe literatura sobre esto, es cosa de investigar.

Cabe preguntarse si es condición indispensable que los gobiernos tengan la prerrogativa de incorporar militantes de “confianza”. Los partidos y su lógica sectaria, aseguran que sí, argumentando que las políticas públicas y los lineamientos del gobierno requieren de personas del mismo color político. En consecuencia, DEBEN tener presencia activa. Con ello, se validan los “puestos de confianza” asignados a militantes de probada lealtad (relegando la capacidad a un segundo plano), por lo regular, dirigentes de sus partidos, con experiencia en esas lides para tener la certeza que cumplirán las ordenes del partido, ya que gracias a éste, tienen trabajo permanente.

Se calcula que no menos de 3 mil puestos públicos están en esta condición, sin contrato de trabajo indefinido. Los cargos tienen rentas mensuales que pueden llegar a más de 2 millones de pesos, y dependen exclusivamente de los partidos que están en el gobierno. Muchos de estos militantes-funcionarios de la Concertación no han tenido trabajos que no provengan de la política. Así, se transformaron en nómades que han pasado por distintos ministerios, gobernaciones y otras reparticiones públicas, de acuerdo a las necesidades del partido o si han sido removidos por mala gestión. Poco importa esto, ya que pasado un corto tiempo se le ubica en otro lugar, asegurándole la estabilidad laboral y económica que la mayoría de los chilenos no tenemos. Han sido unos privilegiados por el sistema, sin duda alguna.  Por ello, lo que viene para la Concertación no solo es la pérdida del gobierno, sino la condición de insignes cesantes para centenares de militantes, que seguramente deberán sufrir la angustiosa situación de buscar empleo en la empresa privada, con estándares de ingreso a los que no estaban acostumbrados.

La mala noticia para el país es que la misma práctica tendrá la derecha, que en marzo próximo asume la administración del estado. Aunque hoy lo nieguen, será así, ya que son víctimas de la mismas prácticas que tanto criticaron a la Concertación (basta con recordar lo ocurrido en las municipalidades de Recoleta y Huechuraba, con las investigaciones de la Contraloría debido a que funcionarios municipales de la UDI, a su vez, figuraban como parte de empresas privadas que daban servicio a esos municipios). Se verá, seguramente, a una larga fila de postulantes a los cargos que deja el gobierno de Bachelet, los que sin duda alguna, serán flamantes militantes de la UDI y Renovación Nacional.

La única forma de zafarse de este mal es con un profundo cambio de enfoque en la administración del estado. Lo anterior, difícilmente será impulsado desde los partidos, quienes tienen intereses creados y deben mantener a sus burocracias tranquilas, es decir, con ingresos para mantenerse. El modelo debe ser otro: la definitiva profesionalización de quienes trabajan en el Estado, con concursos públicos realizados por consultoras de recursos humanos externas, y evaluaciones de desempeño en donde lo político no tenga ninguna relevancia.

El Nacionalismo, que cruza el horizonte ideológico de los partidos que buscan dividir a los chilenos, está en las mejores condiciones para impulsar este tipo de propuestas de cambio. El destino puede deparar grandes desafío a nuestro sector por lo que es indispensable estar en sintonía con lo que la mayoría de los chilenos piensan y necesitan, en especial sobre estas prácticas nefastas de los partidos que la gente tanto rechaza y exige acciones para erradicarlo.

 

Publicado el 01-02-2010

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