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Universidad de Chile: Proceso de Modernización de 1981

Por Juan Bragassi Hurtado


Inmediatamente tras el pronunciamiento militar, de 1973, fueron intervenidas las ocho universidades del país. 

En cada una de ellas se designó un Rector Delegado, a través del Decreto Ley Nº 50 de 2 de Octubre de 1973.  Justificando esta intervención como la respuesta a la necesidad de facilitar la unificación de criterio en la dirección de la enseñanza superior. 

A los Rectores Delegados, se le confirió amplias atribuciones mediante los Decretos Leyes Nª 111; 139 y 116, los que contemplaban los poderes de: 

-    Suprimir, disolver o declarar en receso los cuerpos colegiados superiores; modificar su composición o sus acuerdos; asumir todas o parte de sus Facultades o delegarlas en otras autoridades. 

- Crear o suprimir cargos o modificar sus atribuciones o deberes; designar, remover, destituir, crear o suprimir autoridades unipersonales. 

- Crear, modificar, refundir o suprimir Unidades Académicas, Departamentos, Programas y demás formas de trabajo de la respectiva Universidad. 

- Aprobar y modificar los estatutos, reglamentos y demás cuerpos normativos de la respectiva universidad y de las entidades dependientes de ellas. 

Los Rectores-Delegados mediante sus facultades conferidas por el gobierno militar, procedieron, entre otras medidas, a depurar los claustros universitarios, marginando, expulsando o exonerando de las instituciones de Enseñanza Superior a un número significativo de académicos, estudiantes y personal administrativo, que según los cálculos aproximados llegaron a una suma superior a las veinte mil personas. 

 "(...)  en los primeros tiempos de la intervención militar habría sido marginado de las universidades alrededor del 25% de su plantel docente, en sus diversas categorías; del 10 al 15% de su personal no-académico y del 15 al 18% de los estudiantes (...)" (Garretón y Pozo, 1984) 

En cuanto a la supresión de Unidades Académicas, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica del Estado, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica del Norte, fueron afectadas profundamente en las disciplinas pertenecientes a la rama de las Ciencias Sociales, como lo son las Ciencias Políticas, la Historia Social, la Antropología, Economía, y particularmente la Sociología, algunas de las cuales después de una lenta agonía dejarían de existir. 

 "(...)  El caso, por ejemplo,  de la sociología, se mantienen por un tiempo algunos cursos en la Universidad de Chile y también en la Católica de Chile, pero la comunidad disciplinaria se desintegra y se ve reducida hasta un punto tal que deja de ser significativa y por consiguiente, su producción académica se resiente por completo (...)". (Garretón, 1982) 

A pesar de que existieron varios intentos encaminados a reorganizar el sistema universitario, el gobierno militar no pudo definirlo. 

 "Hubo varios intentos encaminados a reorganizar el sistema universitario, pero todos ellos fracasan (...)  En cambio las decisiones prácticas que se van adoptando en cada universidad intervenida, en combinación con los efectos que sobre la Enseñanza Superior producen las políticas de reorganización económicas impulsadas por el gobierno militar, darán por resultado una serie de modificaciones al sistema de educación superior (...)" (Brunner, José Joaquín) 

Entre 1979 y 1980, en Chile, se empieza a formular un amplio programa de modernización, el que no se limitó a la organización de la economía, sino que contempló además el plan laboral, al régimen previsional, la agricultura, la salud y la educación. Este programa de modernización sustentó su conformación en el modelo económico-social de libre mercado de influencia neoliberal. 

Se puede decir que los orígenes de la economía social de mercado fueron influidos por los neoliberalistas, los que pretendían eliminar algunos controles burocráticos del Estado, buscando provocar un aumento rápido de la renta y un desarrollo del empleo y la balanza de pago. Para ello, la moneda debía mantenerse estable para evitar el espiral de precio que afectaba al salario. A su vez, pretendió eliminar los grupos que controlaban los precios, garantizando con ello que un grupo de población no se enriqueciera a costa de otros.  Por lo tanto, el Estado asume un rol regulador que garantiza la seguridad social, el grado de competencia, la estabilidad monetaria y los niveles de empleo razonablemente altos. 

A fines de 1980, tras un largo estudio,  las directivas presidenciales llevaron a la aprobación de los primeros instrumentos legales que dieron cursos a la implantación de un nuevo diseño de Educación Superior en Chile, a través del Decreto Ley Nº 3.541 del 12 de Diciembre de 1980. 

El régimen jurídico del nuevo sistema legislativo de Educación Superior apoyó sus bases en la Constitución Política del Estado, cuyas normas entraron en vigencia el 11 de Marzo de 1981 a través del Decreto Ley Nº  3.464, el cual se basó en un diagnóstico de las perturbaciones, limitaciones y distorsiones que había experimentado el desarrollo universitario chileno, especialmente en el período de la Reforma del año 1967. 

Dicho diagnóstico estableció que las Universidades Chilenas (incluyendo a algunas privadas que habían pasado a depender íntegramente del financiamiento fiscal), habían sustentado su expansionismo en una concepción demagógica, la cual se acentuó con la Reforma Universitaria de 1967 bajo el slogan de la "Universidad para todos". 

La proliferación de carreras de rango no universitario fue sostenida con un financiamiento que creció en forma  inorgánica, asegurada y carente de control estatal.  Esta falta de control se debió, principalmente, a la autonomía de la que gozaban las casas de estudios superiores, lo que se tradujo en un esquema errado y virtualmente monopólico de ocho universidades, lo que además de haber impedido la libre competencia, se transformó en un factor de presión a favor de arreglos corporativos excluyentes, dañando o menoscabando el eventual surgimiento de nuevas universidades. 

Por otro lado, la inclusión de la democracia como forma de gobierno en una entidad considerada eminentemente jerárquica, promovió la demagogia y el asambleísmo, lo que posibilitó la proliferación político-partidista, que pretendía la instrumentalización de dichas instituciones. 

A su vez, con el Decreto Ley Nº 3.541 del 12 de Diciembre de 1980, se le otorgaba al Presidente de la República el plazo de un año para reestructurar las universidades del país, así mismo, se le facultaba para dictar todas las disposiciones que le fueren necesario para dicho efecto. 

Con la misma fecha y con posterioridad al 30 de Diciembre de 1980, se dicta el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1. En este documento, se definen y fijan los principios, normas y fines de la Universidad, así como del nuevo sistema universitario. 

Paralelamente, el mismo 12 de Diciembre de 1980, se dicta el Decreto con Fuerza de ley Nº 2, donde se le otorgó el plazo de noventa días a cada casa de estudios superiores, para la presentación - al Presidente de la República - de un programa de reestructuración de las respectivas corporaciones, en la que se debía fijar un número racional de alumnos, con los cuales se permitiría cumplir adecuadamente con sus finalidades. 

Con el nuevo sistema jurídico se establecen las características del paradigma de Universidad, así como su autonomía;  la libertad académica y los límites de ella;  el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales;  la creación, reestructuración y disolución de Universidades;  la participación particular en la educación; la creación de Institutos y Centros de Formación Técnica y la modernización del sistema de financiamiento (directo, indirecto y crédito fiscal). 

Con esto, la universidad fue definida por su misión científica, separando de sus funciones todo activismo político. A su vez, se le designa su autonomía en cuanto a sus fines propios, garantizando el monopolio legal exclusivo, para la otorgación de grados académicos y títulos de doce carreras profesionales, fundamentadas en un contenido científico, interés social y fe pública que compromete su ejercicio y la tradición histórica que las apoya. 

Estas profesiones son: la de abogado, arquitecto, bioquímico, cirujano, dentista, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero comercial, ingeniero forestal, médico cirujano, médico veterinario, psicólogo y químico farmacéutico.

Sin perjuicio de lo anterior, la universidad sigue preservando el derecho a mantener cualquiera de las restantes carreras, pero estos títulos no serán reservados en exclusividad para ellas. 

"(...)  Esta lamentable decisión minusvaloró a las pedagogías;  relegándolas a un segundo, tercer o cuarto lugar.  Paralelamente la luz despojaba a todas las Pedagogías de su carácter exclusivamente universitario (...)" (Sanhueza Vivanco, Patricio.  "Semblanza de la Universidad de Playa Ancha") 

Por otro lado, con el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5 y el Nº 24 (1981), se establece la apertura del esquema de Educación Superior, autorizándose la creación de nuevas universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, bajo la idea de fomentar la participación privada en el área de la educación. 

"Esta noción de competencia fue presentada, en su momento, como el más original e importante aporte del nuevo diseño de universidad.  Se sostuvo que contribuiría a mejorar la calidad académica de las instituciones" (Fontaine, 1984;  Guzmán y Larraín, 1981) 

La influencia de la ideología neoliberal de libre mercado se manifestó en un claro fomento a la competencia de las diversas instituciones de educación, con lo que se creyó estimular el mejoramiento académico de las instituciones, lo que no excluyó la idea de cooperación universitaria, delegándosele la responsabilidad de su coordinación a las interesadas, pero teniendo el cuidado de dejarlo regulado por diversos mecanismos. 

"De 1981 en adelante, con la nueva legislación universitaria, se introdujo una nueva perspectiva en la vida de la Educación Superior Chilena.  Con ella se pretendió recuperar los niveles de excelencia, creando un sistema universitario más libre, pluralista y competitivo."  (Orrego, Fernando. Universidad de Chile: Raíz de una crisis. El Mercurio, 6 de Septiembre de 1987) 

Dentro de las otras características del nuevo sistema jurídico, encontramos la reorganización del financiamiento, mediante la inclusión de un sistema de competencia y premio, el cual será conferido como un aporte fiscal, a través del Decreto con Fuerza de Ley Nº 4, de 1981, siendo limitado a las antiguas universidades públicas y a aquellas que resultaron de su división.

Con el Decreto Supremo Nº 1783 del 5 de Mayo de 1982, se destina un aporte fiscal directo e indirecto, cuyo monto sería otorgado anualmente y que iría en el primer caso en disminución y en el siguiente en aumento. 

"El sistema universitario se encuentra sumido en una profunda crisis.  Las causas son variadas y sus efectos se hacen sentir con distinta fuerza según sea la casa de estudios superiores de que se trate. 

Las causas fundamentales se encuentran en la larga intervención de las universidades por parte del régimen militar.  Adicionalmente, la ausencia de un financiamiento adecuado, más claramente expresado, en la disminución vertiginosa de los presupuestos universitarios, que han traído como consecuencia una baja ostensible, que preocupa y alarma en la calidad de enseñanza que entrega y de la investigación que realiza (...)"  (Chiang, Jaime."Universidad hoy; la Universidad mañana". "El Mercurio" de Valparaíso, 17 de marzo, 1990) 

El aporte fiscal directo, se repartiría - como se dijo antes - entre las antiguas universidades públicas y las nuevas instituciones surgidas de éstas y legalmente habilitadas según un porcentaje de participación histórico promedio, establecido en el antes mencionado Decreto Supremo. 

Mientras el aporte fiscal indirecto se otorgará a estas mismas instituciones, mediante un monto que irá en relación con la preferencia de los postulantes (autorizados con posterioridad de haber rendido la P.A.A., seleccionados y matriculados) a las distintas universidades públicas beneficiadas. 

Por otro lado, el mencionado Decreto estipulaba la obligación del alumno al pago de un arancel de matrícula, con derecho a optar a un crédito fiscal universitario, subsistema anual, el cual iba a ir en relación al número de alumnos matriculados, necesitados de crédito y que solicitaban pagar total o parcialmente el valor de la carrera. 

"Un nuevo esquema de asignación de los recursos financieros fiscales que distingue entre un aporte directo ligado al gasto histórico en función del número de alumnos y uno indirecto relacionado con la elección que los estudiantes hacen por una determinada institución:  El establecimiento del crédito fiscal, orientado a preservar la igualdad de oportunidades para acceder a la educación (...)" (Cáceres, Eugenio. Educación Superior: Análisis de Comportamiento) 

Dentro del proceso nacional de descentralización administrativa y de regionalización, el día 10 de Febrero de 1981, mediante un acto solemne realizado al medio día en el Aula Magna de la Escuela de Derecho, de lo que hasta ese momento perteneció a la Sede porteña de la Universidad de Chile, se oficializó la creación de la Universidad de Valparaíso. 

En esa oportunidad, el entonces Jefe de Estado, General Augusto Pinochet Ugarte, acompañado de diversas autoridades regionales y nacionales procedió a firmar el Decreto con Fuerza de Ley Nº 6 del 20 de Febrero de 1981, en el que, en su parte medular, se expresa: 

"Teniendo presente la proposición formulada por el Señor Rector de la Universidad de Chile, en conformidad con lo dispuesto en el artículo único del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1980 y visto lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3541 de 1980.  Decreto con Fuerza de Ley:  artículo uno:  La Sede de Valparaíso de la Universidad de Chile constituirá a partir de esta fecha de vigencia de la presente Ley, una institución de Educación Superior independiente, autónoma, con personalidad jurídica propia, que se denominará Universidad de Valparaíso".  

Acto seguido, el Jefe de Estado procedió a firmar el Decreto Supremo, con el cual se designó como Rector al Profesor, Abogado, Ex - Miembro del Consejo de Estado y Ex - Ministro de Justicia Señor Renato Damilano Bonfante, quien a su vez, nombró como Pro-Rector al Doctor Sergio De Tezanos Pinto. 

Como podemos ver el surgimiento de la Universidad de Valparaíso se debió al proceso de reestructuración de las universidades, lo que significó la escisión de su casa matriz,  adquiriendo mediante un Decreto con Fuerza de Ley, la facultad de ser un organismo autónomo e independiente a su origen. 

"En efecto, en 1981, intervenida la Universidad y rompiendo así más que su tradición centenaria, se produce la atomización de la Universidad de Chile, que hasta la fecha había sido la Universidad Nacional por antonomasia". (Sanhueza Vivanco, Patricio. "Semblanza de la Universidad de Playa Ancha"). 

Con posterioridad, y como resultado de una segunda división surge la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso, la que estaba compuesta por la Facultad de Educación y Letras y la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Chile de Valparaíso, la que adquirió tras una intensa gestión el 4 de septiembre de 1985 la personalidad jurídica universitaria, a través del Decreto de Ley 18.434 bajo el nombre de Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.

 

Publicado el 01-07-2011

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